Otra sociedad boliviana es posible

Este proceso histórico, y por lo tanto, dinámico, anuncia un cambio estructural en todos los aspectos de nuestras vidas; tal vez uno de los más importantes que hayamos experimentado luego de la Revolución ‘modernizadora’ de 1952 con la crisis del régimen oligárquico. La Asamblea Constituyente en Bolivia se ha convertido actualmente, no sólo en tema ineludible de la agenda nacional y de las expectativas de la población — a partir de las demandas y marchas de los pueblos indígenas y originarios que datan de la década de los años ’90 —; sino, en una ‘fuerza social con capacidad de movilización colectiva (…) cualquiera sea el camino que se tome’ (Lazarte, 2005), en el sentido de que se funde o constituya un nuevo Estado desde la ciudadanía (y no promovido por las élites políticas gobernantes ni empresariales), en una coyuntura de grave crisis del régimen político, económico y social.

No se trata de una afirmación insignificante, en tanto que, como planteo aquí a manera de hipótesis, es concebible que podría resultar en un impulso para el desarrollo humano y la interculturalidad, esto es, del poder ciudadano — que conlleva asumir derechos y responsabilidades, en un marco de oportunidades, para la toma de decisiones/acciones sobre temas de interés colectivo —, a partir de la formación de la ciudadanía democrática participativa.

Esta hipótesis se sustenta y se hace posible, entre otros aspectos, a través del ejercicio pleno del derecho a la comunicación y a la información, como aspecto central en la construcción de la cultura política de las personas. Por supuesto, aunque se promete y se espera cambios fundamentales de facto en todos los aspectos de nuestras vidas, no hay parámetros claros que nos indiquen que este cambio será para mejor o peor. Todo depende del gran encuentro posible que se pueda generar a partir de procesos comunicacionales horizontales, tal como plantearé ahora… una reelaboración del sentido ético y político de la democracia y de la ciudadanía, sobre el postulado de la solidaridad de quien se sabe y se siente responsable del ‘otro’.

Apelo a estos derechos porque necesariamente la Asamblea Constituyente supone una resignificación y comprensión de multiplicidad de sentidos, en torno a una apelación simbólica para dar a entender un nuevo comienzo, que requiere un proceso para alcanzarse y consolidarse en el largo tiempo.

Derecho a la comunicación como derecho humano fundamental

Debemos comprender que ahora, más que nunca, la interacción entre comunicación y política es muy estrecha, ya que ésta última se establece —o por lo menos debería hacerlo— como relación entre hombres/mujeres, que juegan algún papel en la toma de decisiones que les afectan más directamente en su vida cotidiana. La política nace, precisamente, como el gobierno del poder público en público … un régimen del poder visible que los medios masivos de comunicación deberían coadyuvar en fortalecer; pero que sin embargo no lo hacen.

En el segundo Foro Social Mundial, realizado finalizando en Porto Alegre, Brasil, en enero de 2002, figuró el derecho a la comunicación como demanda social fundamental para la concreción de ‘otro mundo posible’. El reconocimiento del derecho a la comunicación como derecho humano fundamental, no es una propuesta nueva, pero ha adquirido un nuevo sentido y urgencia ante los recientes cambios en la sociedad ‘informacional’ (¿y por qué no una sociedad de la comunicación?).

El proceso de globalización se ha acelerado y afianzado en buena medida por la comunicación y las nuevas tecnologías de información (TICs), en función de la importancia estratégica que ha adquirido la comunicación como sector de punta de la economía mundial. Las fusiones que tienden hacia la concentración monopólica del sector, son expresión de grandes y cada vez más poderosos intereses económicos.

En este marco, las nuevas tecnologías de información y comunicación —y sobre todo la Internet— se presentan como un factor de cambio inevitable y unidireccional, al cual la sociedad debe adaptarse para progresar. Se dice que la tecnología rige el cambio de la sociedad. No se nos plantea, siquiera, la posibilidad de que la sociedad pueda opinar e influenciar el rumbo del desarrollo de la tecnología.

Bajo este modelo, la información se ha convertido en una mercancía más en busca de compradores, por lo que el sentido de servicio público y la responsabilidad social que implica la comunicación se está perdiendo. Para las empresas y los medios ya no contamos como ciudadanos(as), sino solamente en calidad de consumidores.

Frente a esta situación y con miras a la Cumbre Mundial de la Sociedad de Información (realizada en Ginebra el 2003), en Porto Alegre se lanzó la Campaña Mundial por el Derecho a la Comunicación en la Sociedad de Información (CRIS, por sus siglas en inglés), cuyo propósito es abrir un amplio debate en la sociedad sobre el sentido y porvenir de la ‘Sociedad de la Información’.

La campaña propone una visión de la Sociedad de la Información ‘fundada en el Derecho a la Comunicación, como medio para afianzar los derechos humanos y fortalecer la vida social, económica y cultural de la gente y las comunidades. La sociedad de la información que nos motiva está basada en principios de transparencia, diversidad, participación, así como justicia social y económica, e inspirada por una perspectiva equitativa de género, cultura y religión’.

Claves del derecho a la comunicación

Desde 1948, cuando la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cultura, el conocimiento y los organismos relacionados con esta materia han avanzado sustancialmente; sin embargo, hay áreas de la vida en las que los derechos son todavía exclusivos de unos cuantos. Una de esas áreas es la relativa a la comunicación y la información.

En 1969, el francés Jean D'Arcy introdujo el derecho a comunicarse por escrito, ‘vendrá el día en que la Declaración Universal de los Derechos Humanos tendrá que incluir un derecho más amplio que el derecho del hombre a la información (…) Este es el derecho de los hombres a comunicarse’.

La fuerza motivadora para este nuevo enfoque es la observación de que las disposiciones en el actual sistema universal de promoción y protección de los Derechos Humanos son inadecuadas para tratar con la comunicación como un proceso interactivo, bi o multilateral, dialógico, participativo, rescatando el planteamiento y la utopía (que marca el rumbo y nos ayuda a caminar) del comunicólogo boliviano y orureño, Luis Ramiro Beltrán, de la comunicación horizontal, en el clásico ‘Un adiós a Aristóteles’ (1981).

El reconocimiento de un derecho a comunicarse es esencial si queremos que la gobernabilidad global de las ‘sociedades de la comunicación’ esté inspirada en una preocupación por los derechos humanos. Esto significa que no aceptamos a los Estados, mercados o tecnologías, como las fuerzas dirigentes, sino que preferimos los intereses de los pueblos a manera de mapas de rutas, aunque como decía Martín-Barbero, sean ‘mapas nocturnos’.

Como afirma Cristina Romo, los derechos, que todavía no están generalizados se refieren a la posesión, emisión, uso, objetivo, destino, beneficio, recepción de los medios tecnificados. Los avances tecnológicos y la irrupción de medios cada vez más sofisticados, están haciendo que la brecha entre ricos y pobres sea cada vez más profunda. Todo esto hace necesario el estudio, propuesta, aceptación y firma de un documento que garantice el derecho a la comunicación.

La Asamblea Constituyente se plantea como un espacio fundamental para reivindicar no sólo el derecho de acceso a la información pública (obtener la información y los conocimientos básicos necesarios para participar en la comunicación, el debate público y la toma de decisiones sobre temas de interés común) y a ser debidamente informado sobre los asuntos públicos, sino, además, el derecho a comunicar, que también incluye:

∑ La libertad de expresión y la libre circulación de las ideas.
∑
∑ Tener presencia y sentido de pertenencia en los medios de comunicación como fuente de información; sujetos representantes o voceros de una determinada identidad social, cultural-étnica, sexual, generacional o de género; sujeto político activo (actor social) de la construcción ciudadana y democrática.
∑
∑ Contar con canales (tecnologías, recursos, medios) y a producir mensajes comunicacionales, lo que implica el manejo de los lenguajes mediales y, especialmente, la propiedad de los medios, más allá del discurso del acceso y, en algunos casos, del uso/utilidad de los mismos.
∑
∑ Contar con marcos jurídicos, condiciones económicas y tecnológicas para desarrollarse como identidad cultural o sector social en el campo de las comunicaciones.
∑
∑ Participar en los niveles de decisión en organizaciones públicas y privadas, consejos reguladores, veedurías ciudadanas (observatorios de medios) y otras instancias donde se definan políticas públicas de comunicación e información.
∑
Redemocratización de la sociedad, de la política y de los medios

Es indudable que se deben crear las condiciones, en este marco referencial esbozado, para un proceso de redemocratización, esto es, una apertura —llámese cooperación— del Estado y la sociedad.

¿Cómo lograr tan importante tarea en esta coyuntura que vive Bolivia? A partir del reconocimiento y la participación de las instituciones de los movimientos sociales y las instituciones/organizaciones intermedias que constituyen el tejido social. Es indudable que se debe partir de una desconcentración o descentralización del poder, que permita y aliente la participación de la sociedad civil en el quehacer público.

Gobernar ya no es ordenar, es fundamentalmente, concertar esfuerzos con las instituciones de la sociedad civil, facilitar la participación social, transferir algunas potestades públicas a órganos/agentes de la sociedad civil, con eficiencia, moralidad y equidad.

En esta dirección, los medios de comunicación tienen la labor de facilitar la vigilancia ciudadana del Estado, para monitorear/fiscalizar el comportamiento de gobernantes, funcionarios e instituciones del Estado, asegurando presencia y legitimidad. Esta tarea está encaminada, y ahí no tenemos que perder de vista la dirección correcta, la reconciliación entre el pueblo y sus órganos representativos, como parte de una responsabilidad común por generar cambios significativos en una relación crítica y propositiva.

Este proceso de reconciliación se construye en la reconfiguración de sentidos, de esperanzas, en definitiva, de una comunicación directa e inmediata entre ciudadanos(as) y de estos con sus representantes y los órganos de intermediación política.

Carlos A. Camacho Azurday (PhD) es comunicador social boliviano y vocal suplente del Directorio de la WACC en América Latina. www.geocities.com/carcam2000

carcam@acelerate.com