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Nueva legislación para la prensa concede poderes extraordinarios a régimen militar Imprimir Correo electrónico
Escrito por Philip Lee, WACC Deputy Director of Programs   
Jueves 08 de Julio de 2010 10:49
 

En Fiji, legislación referente a los medios permite que funcionarios designados por el gobierno confisquen equipo y documentos pertenecientes a los medios, forzar que las/los periodistas revelen sus fuentes y multar a las organizaciones mediáticas con hasta 100 mil dólares fiyianos (unos 53 mil dólares estadounidenses). Esto de acuerdo con información proporcionada por la Pacific Islands News Association (PINA), el Pacific Freedom Forum (PFF), Reporteros sin Fronteras (RSF, por sus siglas en inglés) y otros miembros de IFEX.

Los asociados de la WACC en Fiji están alarmados con el Decreto de Desarrollo de la Industria de Medios (Media Industry Development Decree). Aprobado el 28 de junio de 2010 podría forzar el cierre de uno de los diarios más antiguos y más críticos de Fiji, The Fiji Times, de propiedad australiana. El decreto hace valer una regla retroactiva según la cual 90 por ciento de las empresas mediáticas deben ser de propiedad local y las empresas sólo tienen un periodo de tres meses para cumplir con ello.

Entre los asociados de la WACC en la región se encuentra el Citizens' Constitutional Forum (CCF), que en 2008  desarrolló un proyecto para despertar la conciencia sobre los derechos constitucionales y la tolerancia religiosa. A la fecha, la WACC también trabaja con FemLink Pacific, sobre el comunicar una cultura para la paz, fortaleciendo la participación de las mujeres en los medios y los medios comunitarios.

Desde que se aprobaron las Regulaciones de Emergencia Pública (Public Emergency Regulations) en 2009, funcionarios públicos encargados de aplicar la censura han visitado cotidianamente estaciones transmisoras y redacciones de diarios, recortando cualquier nota que podría ofender al régimen militar del Comodoro Bainimarama. Las medidas entraron en vigor poco después que el Tribunal de Apelaciones de Fiji declarara como ilegal el golpe de 2006.

Mientras el gobierno de Bainimarama señala que renunciará a los poderes de emergencia, los miembros de IFEX y otros críticos sostienen que el decreto atrinchera más el control “temporal” que el gobierno tiene sobre los medios, haciendo que sea una ley permanente. El decreto también ha sido condenado por Stephen Smith, ministro de relaciones exteriores australiano, y John Key, primer ministro neozelandesa, además de la asociación de editores de diarios en la región Pacífico, la Pacific Area Newspaper Publishers Association.

En el marco de la citada ley, seis funcionarios del tribunal designados por el régimen militar, encabezado por Frank Bainimarama, deciden cuándo un artículo o transmisión va “en contra de los intereses nacionales” o “crea discordia en la comunidad”. Las decisiones que tome el tribunal sólo serán sujetas de apelación en casos que involucren multas de 100 mil dólares fiyianos.

El decreto también implica exigencias que de suyo son represivas, incluso verdaderamente extrañas, que agregan mayores dificultades para que las/los periodistas desarrollen su actividad cotidiana. Por ejemplo, están obligados a revelar las fuentes que utilizan para sus artículos, aun cuando es muy frecuente que las/los periodistas se acercan a una fuente según va avanzando la historia en la que trabajan. Los miembros de los medios también enfrentarán dificultades para proteger sus fuentes, ya que quienes no revelen ante las autoridades gubernamentales los nombres de sus fuentes anónimas, ahora pueden ser encarcelados hasta por dos años.

Susuve Laumaea, presidente del Pacific Freedom Forum (PPF), señaló que el nuevo decreto “realmente busca quitarse  de encima la vigilancia” y agregó que el régimen militar “ahora vigilará y controlará quién dice qué en los medios de Fiji, a través de una nueva estructura.”

Fuente: IFEX


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